PRIMACÍA Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR ENCIMA DE LAS CONSTITUCIONALES ESTATALES Y LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD POR ELVIA TIRADO GARCÍA ALUMNA DE DERECHO

POST 1

La preferencia o primacía de la ley”… consiste en que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, no pueden ser modificadas por un reglamento. Este es un principio basado en la autoridad formal de la leyes, reconocida en el inciso f) del Artículo 72 de la Constitución, según el cual “en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”.

La Constitución, es producto de un acto soberano del pueblo para instituirla como Carta Fundamental de un orden jurídico, es por ello que implica dos condiciones que son: la de Poder Constituyente como portador de la voluntad soberana del pueblo y en consecuencia autor de la Constitución; y como producto de éste, los Poderes Constituidos, los cuales adquieren sus facultades de un documento superior constitutivo de ellos, que es la Constitución. La Constitución es suprema por ser la expresión de la voluntad soberana del pueblo, realizada a través del Congreso o Asamblea Constituyente, la cual, es fuente u origen de los poderes que crea y organiza; los mismos, no pueden ir más allá de su norma creadora, lo que implica que sea superior a ellos.

POST 2

La Supremacía es necesaria porque se requiere de una norma fundamentadora de todas las demás leyes y normas conformadoras del orden jurídico, esa es la Constitución; ella obliga a todos los demás ordenamientos a seguirla en su contenido, a no contravenirla, a respetarla por ser la ley de mayor jerarquía. Una Constitución es suprema por ser fundamental y es fundamental por ser suprema.”[1]

La Supremacía constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país los tratados internacionales, convenciones internacionales o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución Nacional de cada uno de ellos.

El Art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Aportamos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado a determinar que la Constitución federal se ubica jerárquicamente en un nivel superior respecto de las leyes del Congreso de la Unión. Por otro lado, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, se ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo. Asimismo, si bien el artículo 133 contiene de manera expresa el principio de supremacía constitucional, existen otros preceptos en la Constitución mexicana, que de manera implícita nos llevan a ubicarla como la lex fundamentalis de la Nación Mexicana; entre ellos, los artículos 41, 128 y 135.

Así pues, la Constitución es la cúspide de todo ordenamiento jurídico, hace fluir el principio de legalidad en los poderes públicos, de seguridad jurídica de los actos de autoridad, de constitucionalidad en todas las actuaciones realizadas por los poderes constituidos, en pocas palabras, es la fuente de legitimidad del actuar público.

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

POST 3

Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma de menor jerarquía. Éstas sólo pueden ser promovidas por el 33% de la Cámara de Diputados o senadores, el presidente de la República, Partidos Políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la PRG (a través de la Consejería Jurídica).

Se deben presentar en un plazo de 30 días posteriores a la publicación de la norma; puede declarar la invalidez total o parcial de una ley o tratado y las sentencias tienen efectos generales cuando son aprobadas por ocho ministros. En la Constitución está previsto en el artículo 105, fracción II.

Las acciones de inconstitucionalidad en resumen, sirven para que el máximo tribunal del país –SCJN– emita un criterio sobre si lo aprobado por los órganos legislativos es o no acorde con la Constitución. Una de las características de las acciones de inconstitucionalidad (que la distingue de otros medios de control) es que para impugnar las normas no es necesario que ésta haya causado un perjuicio directo. Es un mecanismo de control entre los poderes del Estado.

POST 4

Algunos ejemplos de los alcances de estos controles de constitucionalidad son el matrimonio igualitario, acción de Inconstitucionalidad 2/2010 y la despenalización del aborto, acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 (por mencionar algunas), con las que se ha conseguido establecer derechos importantes

Podemos mencionar la reciente acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 sobre la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, de la cual no fue posible rastrear el proyecto de resolución que estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez. Sobre el asunto sólo está disponible el proyecto de la CNDH y el acuse de recepción de la SCJN y próximamente el engrose.

También se pueden mencionar las acciones de inconstitucionalidad 56, 57 y 58/2016 promovidas por la PGR (por instrucciones del presidente de la República) sobre las legislaciones locales de los sistemas anticorrupción de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua (cabe señalar que estos son los estados dónde se encontró el mayor desfalco de recursos públicos). De este asunto no es posible rastrear los proyectos presentados por la PGR, en la SCJN solamente podemos encontrar referencias superficiales en la lista de notificaciones que contiene el número de expediente, los promoventes y un extracto de algunos párrafos que no aportan mayor información.

Pareciera que el ingreso de este tipo de mecanismos de control de constitucionalidad le dan a la SCJN los reflectores de los medios de comunicación y la ciudadanía. Y no es para menos, estas acciones de inconstitucionalidad (siguiendo el principio de su naturaleza como mecanismo de control) son un contrapeso para las legislaciones a modo.

Sin embargo, lo que podemos observar con el ingreso de estas acciones es que estamos lejos de lograr o siquiera rasguñar uno de los ejes centrales de la #JusticiaAbierta, la transparencia. Pese al interés creado alrededor de estos temas –de relevancia y trascendencia para el país–, la SCJN sigue sin hacer públicos los proyectos presentados a las ponencias de los ministros y las ministras. Los que estamos fuera del ámbito de la SCJN no conocemos los motivos y fundamentos de los proyectos de ponencia de los ministros y las ministras hasta el momento de la discusión. Estos proyectos son totalmente privados, lo que deja a la ciudadanía privada de conocer los fundamentos que se discuten en el Pleno.

La privacidad de los proyectos de las ponencias, cierran las discusiones del Pleno a los 11 integrantes del Pleno. Sólo ellos conocen el tema, la fundamentación y motivación para reconocer la validez o invalidez de alguna norma. Un diálogo de pares del que quedamos fuera la ciudadanía, que en algún punto nos veremos tocados por las decisiones que se tomen en esas discusiones. Vale la pena preguntarnos, ¿por qué si las acciones de inconstitucionalidad están diseñadas para ser el contrapeso saludable en una democracia, el diálogo que se da sobre éstas queda entre los poderes?

El autor es Ivonne Roldán[4]

Coordinadora de @BordeJuridico


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