PRIMACIA Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION FEDERAL por Valdés Seceña Jessica Cecilia Estudiante de derecho

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  1. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Es un procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pleno) cuya finalidad es preservar la supremacía de nuestra Constitución mediante la derogación de leyes y tratados internacionales que la contravengan.

Estas acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas, con base en los artículos 94 y 105 constitucionales, por legisladores federales o locales, o quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna.

El Procurador General de la República, los partidos políticos con registro en el INE; los partidos políticos con registro local cuando se trate de leyes electorales; la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos locales en la misma materia también pueden promover acciones de inconstitucionalidad.

La importancia de esta acción radica en que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que una norma es contraria a la Constitución, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.

Es importante mencionar que las Acciones de Inconstitucionalidad tienen ciertas particularidades que las hacen diferentes a otros medios de control constitucional, como son:

1. Como el análisis de la constitucionalidad se realiza en abstracto, no es necesario que exista previamente un agraviado para iniciar el procedimiento, por lo que se promueven con el solo interés de preservar la supremacía de la Constitución.

2. La norma impugnada debe ser de reciente creación, por lo cual, solamente hay un plazo no mayor a 30 días de publicada la norma en el Diario Oficial para iniciar la acción.

3. No aplica para iniciativas de ley.

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  • JERARQUIA DE LEYES EN MEXICO

Derecho Mexicano existe una jerarquía del orden jurídico, que profundizaremos a continuación:

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: Es la Ley Suprema que contiene el conjunto de normas jurídicas fundamentales del Estado Mexicano y hace referencia a los tres elementos formales de todo estado: La población, el territorio y el gobierno o administración pública. Es la ley de la cual emanan las demás leyes que rigen al Estado Mexicano a nivel Federal, Estatal, Municipal e Internacional.

•Tratados Internacionales: Son los acuerdos suscritos entre ciertos sujetos a nivel internacional. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por tratados internacionales celebrados por México, debe entenderse cualquier “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales.

•Leyes y Reglamentos Federales (Leyes Orgánicas): Son leyes de carácter general que se aplican en toda la República Mexicana, las cuáles deben respetar el principio de legalidad, es decir, debe pasar por un proceso legislativo. A su vez, los reglamentos establecen las reglas de carácter general que se aplican a sus respetivas legislaciones y emanan del poder Ejecutivo. Así por ejemplo existe una Ley de Aviación Civil que cuenta con su Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

•Leyes Ordinarias: Son las normas de carácter general que emanan del Congreso, de acuerdo al procedimiento fijado por la Constitución. Abarcan diferentes tópicos como Civiles, Tributarias, Penales, etc. Estas leyes no derivan directamente de algún artículo de la Constitución; pero si deben supeditarse a ella en todas y cada una de sus disposiciones. Ejemplos de estas leyes son el Código Civil, Código Penal, etc.

•Decretos: De acuerdo a múltiples autores, un decreto es el acto del Poder Ejecutivo referente al modo de aplicación de las leyes en relación con los fines de la Administración Pública. Los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refieren a la iniciativa y formación de las leyes o decretos.

•Normas Jurídicas Individualizadas: Son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o individuales; por ejemplo, contratos, testamentos, sentencias, etc.

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  • SUPREMACIA APLICADA EN MEXICO

De acuerdo con la Real Academia Española, el término supremacía se define como:

Supremacía: Grado supremo en cualquier línea.

Basándonos en esta definición, podemos inferir que en un sentido jurídico, se refiere al grado supremo de una ley.

Para aclarar más el concepto, podemos recurrir a Huiscas, quien publica en su blog que:

La supremacía de una norma fundamental radica en el hecho de ser la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando así la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia.

El mismo Huiscas comenta, en su publicación, que Hans Kelsen, jurista, filósofo y político austriaco es el máximo exponente de la Supremacía Constitucional. Kelsen expresó esta supremacía a través de una gráfica conocida como “Pirámide de Kelsen“, como la que se muestra a continuación:

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Aterrizando el principio de Supremacía, definido tanto por la Real Academia Española como por Kelsen, al Sistema Jurídico Mexicano, el Lic. Omar Verón, en su artículo “Principios de Supremacía y Primacía Constitucional” menciona que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se encuentra regida por cuatro principios fundamentales:

  • Supremacía
  • Primacía
  • Legalidad
  • Inviolabilidad

Ahora bien, considerando todo lo anteriormente expuesto, revisemos el artículo 133 constitucional, que dice:

Artículo 133. EstaConstitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

En este artículo constitucional podemos observar claramente que al establecer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema de toda la Unión, entonces dicha constitución adquiere el principio de supremacía.

Resumiendo, de acuerdo al Artículo 133 constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el ordenamiento sobre el cual se basan todas las demás Constituciones o Leyes de las Entidades Federativas, las cuáles no pueden ir en contra de esta Ley Suprema, ya que de hacerlo, dicha ley carecería de validez formal.

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  • PRIMACIA CONSTITUCIONAL APLICADA EN MEXICO

Nuevamente partamos en la definición de Primacía proporcionada por la Real Academia Española:

Primacía: Del b. lat. primatia, y este der. Del lat. primas, -ātis ‘primero, principal’. Superioridad, ventaja o excelencia que algo tiene con respecto a otra cosa de su especie.

Así, si trasladamos esta definición al ámbito jurídico, se puede decir que la primacía es la Ley primera o principal.

Por otra parte, para Verón y Huiscas:

Verón. La fundamentalidad de la Constitución significa… que ésta es la fuente de validez formal de todas las normas secundarias que componen el derecho positivo… y que ninguna autoridad estatal tiene más poderes que los que le reconoce la Constitución, pues de ella depende la legitimidad de todo el sistema de normas e instituciones que componen aquel ordenamiento.

Huiscas. La supremacía de una norma fundamental radica en el hecho de ser la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando así la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia.  

En este sentido, para Verón, el principio de Primacía está íntimamente relacionado con la fundamentalidad de la Constitución y el principio de Supremacía, que le dan el carácter de “Ley Fundamental y Primaria”, al ser, no solo el ordenamiento básico de las leyes (supremacía), sino que también es el “superior jerárquico” de las mismas; es decir, ninguna ley del Sistema Jurídico Mexicano está por encima de la Constitución.

De esta forma, la primacía de la Constitución garantiza que las leyes que emanen de ella, por el simple motivo de que son subordinadas a ella:

  • No le serán contrarias, 
  • No serán opuestas a ella, y 
  • No violarán sus disposiciones.

  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue la primera ley promulgada por el Congreso Constituyente, otorgándole el principio de primacía; pero este principio por sí solo no es suficiente, por lo cual, la misma Constitución, en su artículo 133, se otorga el principio de supremacía al establecerse como “Ley Suprema de la Unión”, estableciendo que  ninguna otra Ley puede estar por encima de ella.

CASO.

Acción de inconstitucionalidad 18/2018, resuelta el 4 de diciembre 2018.

Matrimonio igualitario

En el mes de febrero de 2018, la CNDH impugnó una reforma al Código Civil para el Estado de Nuevo León, en aras de garantizar los derechos y las libertades de las personas que deseen contraer matrimonio con otras de su mismo sexo en esa entidad federativa, con lo cual se pretende hacer efectiva la obligación de todas las autoridades de erradicar cualquier motivo de discriminación, particularmente la motivada por identidad de género y orientación sexual.

 Con esta acción de inconstitucionalidad, este Organismo Constitucional Autónomo refrendó su compromiso de proteger los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, pues, de lograrse la invalidez de las normas impugnadas, se haría posible que sus integrantes contraigan matrimonio en las mismas condiciones en que lo hacen las personas heterosexuales en Nuevo León, sin necesidad de promover un juicio de amparo o transportarse a otro Estado de la República.

Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por este Organismo Constitucional Autónomo, la SCJN tomó una decisión muy relevante y progresiva en relación con la legitimación de la mayoría del Pleno concluyó que necesariamente todo acto de molestia que derive de autoridad incompetente implica una vulneración al artículo 16 constitucional, es decir, el derecho fundamental de seguridad jurídica, además de que los principios tributarios constituyen auténticos derechos fundamentales consagrados en la Norma Suprema, cuya violación puede aducirse ante la SCJN.

 Con esta decisión, el Máximo Tribunal de nuestro país abre la entrada para que la CNDH pueda plantear contradicciones de legislaciones ordinarias con la Constitución Federal, de manera que se salvaguarde el orden constitucional incluso cuando existan normas que alteren el sistema de competencias asignadas a las autoridades, lo cual permite que las personas no tengan la necesidad de acudir al juicio de amparo para que se protejan sus derechos humanos. En la CNDH para impugnar leyes en esa vía.

Naturaleza Jurídica de las Entidades Federativas por Aleman Garcia Judith Lorena estudiante de derecho

Naturaleza Jurídica de las Entidades Federativas

Se estableció en la Constitución de 1917. La cual se establece en los artículos 40 y 41 de la ley suprema del País.(1) En dichos artículos, se establece que el Estado Federal, se compone por la Federación, misma que está compuesta por todos y cada uno de los Estados Integrantes del País. Así mismo, se expone que cada Estado es soberano dentro de su competencia. Es decir, dentro de cada Estado hay una Constitución, leyes y normas, sin embargo, éstas no tienen o cuentan con supremacía ante la Constitución. En otras palabras las Entidades Federativas del Estado Mexicano, son las personas, las cuales cuentan con su origen en la Constitución. Recalcando que esto se establece en el artículo 40.(2)

Otro punto importante a mencionar, sobre el tema, se entabla en la obra “Introducción al Derecho Positivo Mexicano”, en su fragmento 7.9, el cual habla de Los Estados de la Federación. Por los autores Delgadillo Gutierrez Luis Hunberto y Lucero Espinosa Manuel.(3)

En esta obra se habla que las entidades que cuentan con el nombre de Estados, cuentan con su competencia dependiente, concurrente y coordinada. De igual manera hacen referencia a los tres poderes.

Ahora bien se pude decir que el poder de los Estados es Dependiente porque, son pertenecientes a un “pacto” Federal, estos quedan supeditados¹ a lo que dice la Constitución, las leyes que expida el Congreso de la Unión y a los Tratados Internacionales, siendo que las leyes locales cuentan con una jerarquía inferior a los anteriores ordenamientos.

Se dice que es Concurrente porque, en ocasiones dos poderes pueden tener coincidir en un mismo tema o materia, tal es el caso de salubridad y educación.

Y se dice que es Coordinada porque, existen convenios entre la Federación y los Estados para determinar la mejor utilización de los recursos públicos. Retomando el punto de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sobre estos mencionaremos su división en relación al Estado.

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El poder Ejecutivo Estatal: Este recae sobre un Gobernado en el caso de nuestra entidad seria el apreciable Lic. Rolando Zapata Bello. De igual manera existen gobernadores Internos, Provisionales y Sustituidos.

El Sustituido: Es designado para concluir el periodo de gobernatura (6 años) en caso de falta absoluta del gobernador constitucional.

El Provisional:Se asigna cuando la falta ocurre dentro de los 4 últimos años de gobernatura, este se mantendrá hasta que se elija un sustituto o un interno.

El Interno: Se nombra cuando el Gobernador electo, no se presenta el día de la toma de posesión, cuando la elección no estar declarada en esa fecha o cuando la falta absoluta del Gobernador Constitucional ocurre dentro de los 2 primeros años.

Resultado de imagen para el congreso del estado de yucatanEl poder Legislativo Estatal: Este recae sobre el Congreso Estatal, formado por al Cámara de Diputados. Y se integra en forma proporcional al número de habitantes de su territorio

Se contará con 7 diputados, por una población menor a los 400 mil habitantes.

Se contará con 9 diputados, por una población de 400 a 800 mil habitantes.

Se contará con 11 diputados, por una población superior a los 800 mil habitantes.

Resultado de imagen para juezEl poder Judicial Estatal: Este recae sobre el Tribunal Superior de Justicia y por los Jueces de Primera Instancia. (Artículo 116 de la Constitución)

Así concluimos con la explicación de la Naturaleza Jurídica de nuestras Entidades Federativas. Espero te sea de utilidad lo antes expuesto y si tienes dudas con gusto de ayudo a esclarecerlas.

Biografía.

(1) https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1972/66.pdf

(2) http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/1.pdf

(3) http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/sistmod/recursos/ejec/LDER/DC/S05/Estados_de_la_Federacion.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

PRIMACÍA Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR ENCIMA DE LAS CONSTITUCIONALES ESTATALES Y LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD POR ELVIA TIRADO GARCÍA ALUMNA DE DERECHO

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La preferencia o primacía de la ley”… consiste en que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, no pueden ser modificadas por un reglamento. Este es un principio basado en la autoridad formal de la leyes, reconocida en el inciso f) del Artículo 72 de la Constitución, según el cual “en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”.

La Constitución, es producto de un acto soberano del pueblo para instituirla como Carta Fundamental de un orden jurídico, es por ello que implica dos condiciones que son: la de Poder Constituyente como portador de la voluntad soberana del pueblo y en consecuencia autor de la Constitución; y como producto de éste, los Poderes Constituidos, los cuales adquieren sus facultades de un documento superior constitutivo de ellos, que es la Constitución. La Constitución es suprema por ser la expresión de la voluntad soberana del pueblo, realizada a través del Congreso o Asamblea Constituyente, la cual, es fuente u origen de los poderes que crea y organiza; los mismos, no pueden ir más allá de su norma creadora, lo que implica que sea superior a ellos.

POST 2

La Supremacía es necesaria porque se requiere de una norma fundamentadora de todas las demás leyes y normas conformadoras del orden jurídico, esa es la Constitución; ella obliga a todos los demás ordenamientos a seguirla en su contenido, a no contravenirla, a respetarla por ser la ley de mayor jerarquía. Una Constitución es suprema por ser fundamental y es fundamental por ser suprema.”[1]

La Supremacía constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país los tratados internacionales, convenciones internacionales o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución Nacional de cada uno de ellos.

El Art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Aportamos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado a determinar que la Constitución federal se ubica jerárquicamente en un nivel superior respecto de las leyes del Congreso de la Unión. Por otro lado, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, se ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo. Asimismo, si bien el artículo 133 contiene de manera expresa el principio de supremacía constitucional, existen otros preceptos en la Constitución mexicana, que de manera implícita nos llevan a ubicarla como la lex fundamentalis de la Nación Mexicana; entre ellos, los artículos 41, 128 y 135.

Así pues, la Constitución es la cúspide de todo ordenamiento jurídico, hace fluir el principio de legalidad en los poderes públicos, de seguridad jurídica de los actos de autoridad, de constitucionalidad en todas las actuaciones realizadas por los poderes constituidos, en pocas palabras, es la fuente de legitimidad del actuar público.

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

POST 3

Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma de menor jerarquía. Éstas sólo pueden ser promovidas por el 33% de la Cámara de Diputados o senadores, el presidente de la República, Partidos Políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la PRG (a través de la Consejería Jurídica).

Se deben presentar en un plazo de 30 días posteriores a la publicación de la norma; puede declarar la invalidez total o parcial de una ley o tratado y las sentencias tienen efectos generales cuando son aprobadas por ocho ministros. En la Constitución está previsto en el artículo 105, fracción II.

Las acciones de inconstitucionalidad en resumen, sirven para que el máximo tribunal del país –SCJN– emita un criterio sobre si lo aprobado por los órganos legislativos es o no acorde con la Constitución. Una de las características de las acciones de inconstitucionalidad (que la distingue de otros medios de control) es que para impugnar las normas no es necesario que ésta haya causado un perjuicio directo. Es un mecanismo de control entre los poderes del Estado.

POST 4

Algunos ejemplos de los alcances de estos controles de constitucionalidad son el matrimonio igualitario, acción de Inconstitucionalidad 2/2010 y la despenalización del aborto, acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 (por mencionar algunas), con las que se ha conseguido establecer derechos importantes

Podemos mencionar la reciente acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 sobre la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, de la cual no fue posible rastrear el proyecto de resolución que estuvo a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez. Sobre el asunto sólo está disponible el proyecto de la CNDH y el acuse de recepción de la SCJN y próximamente el engrose.

También se pueden mencionar las acciones de inconstitucionalidad 56, 57 y 58/2016 promovidas por la PGR (por instrucciones del presidente de la República) sobre las legislaciones locales de los sistemas anticorrupción de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua (cabe señalar que estos son los estados dónde se encontró el mayor desfalco de recursos públicos). De este asunto no es posible rastrear los proyectos presentados por la PGR, en la SCJN solamente podemos encontrar referencias superficiales en la lista de notificaciones que contiene el número de expediente, los promoventes y un extracto de algunos párrafos que no aportan mayor información.

Pareciera que el ingreso de este tipo de mecanismos de control de constitucionalidad le dan a la SCJN los reflectores de los medios de comunicación y la ciudadanía. Y no es para menos, estas acciones de inconstitucionalidad (siguiendo el principio de su naturaleza como mecanismo de control) son un contrapeso para las legislaciones a modo.

Sin embargo, lo que podemos observar con el ingreso de estas acciones es que estamos lejos de lograr o siquiera rasguñar uno de los ejes centrales de la #JusticiaAbierta, la transparencia. Pese al interés creado alrededor de estos temas –de relevancia y trascendencia para el país–, la SCJN sigue sin hacer públicos los proyectos presentados a las ponencias de los ministros y las ministras. Los que estamos fuera del ámbito de la SCJN no conocemos los motivos y fundamentos de los proyectos de ponencia de los ministros y las ministras hasta el momento de la discusión. Estos proyectos son totalmente privados, lo que deja a la ciudadanía privada de conocer los fundamentos que se discuten en el Pleno.

La privacidad de los proyectos de las ponencias, cierran las discusiones del Pleno a los 11 integrantes del Pleno. Sólo ellos conocen el tema, la fundamentación y motivación para reconocer la validez o invalidez de alguna norma. Un diálogo de pares del que quedamos fuera la ciudadanía, que en algún punto nos veremos tocados por las decisiones que se tomen en esas discusiones. Vale la pena preguntarnos, ¿por qué si las acciones de inconstitucionalidad están diseñadas para ser el contrapeso saludable en una democracia, el diálogo que se da sobre éstas queda entre los poderes?

El autor es Ivonne Roldán[4]

Coordinadora de @BordeJuridico


DERECHO CONSTITUCIONAL por Rosa Avelina Soto García alumna de derecho.

ACTIVIDAD 5

ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se rige por cuatro principios fundamentales: el de la supremacía, primacía, legalidad e inviolabilidad.

De acuerdo a lo solicitado en la actividad 5, en el presente documento se hablará sobre la primacía y supremacía de la Constitución Mexicana.

Se dice entonces que, la primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquella. La primacía en cambio, no se sustenta en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones. Toda supremacía implica, en principio, primacía (de ahí su utilización en ocasiones equivalente).[1]

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”[2]

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PRIMACÍA CONSTITUCIONAL

“La preferencia o primacía de la ley”… consiste en que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, no pueden ser modificadas por un reglamento. Este es un principio basado en la autoridad formal de las leyes, reconocida en el inciso f) del Artículo72 de la Constitución, según el cual “en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”.

La Constitución, es producto de un acto soberano del pueblo para instituirla como Carta Fundamental de un orden jurídico, es por ello que implica dos condiciones que son: la de Poder Constituyente como portador de la voluntad soberana del pueblo y en consecuencia autor de la Constitución; y como producto de éste, los Poderes Constituidos, los cuales adquieren sus facultades de un documento superior constitutivo de ellos, que es la Constitución. [3]

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SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

La Supremacía es necesaria porque se requiere de una norma que fundamente todas las demás leyes y normas conformadoras del orden jurídico, esa es la Constitución; ella obliga a todos los demás ordenamientos a seguirla en su contenido, a no contravenirla, a respetarla por ser la ley de mayor jerarquía. Una Constitución es suprema por ser fundamental y es fundamental por ser suprema.” 

La Constitución se encuentra por encima del Estado, por encima de los órganos constituidos y por encima de los individuos considerados aisladamente, mas no del pueblo, que al ser el titular de la soberanía está por encima de la Constitución, pues posee el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, conforme a su voluntad y atendiendo los intereses que estime convenientes.

Así pues, la Constitución es la cúspide de todo ordenamiento jurídico, hace fluir el principio de legalidad en los poderes públicos, de seguridad jurídica de los actos de autoridad, de constitucionalidad en todas las actuaciones realizadas por los poderes constituidos, en pocas palabras, es la fuente de legitimidad del actuar público.[3]

Hans Kelsen concebía a la Constitución como suprema por ser esta la que fundaba a todo el sistema jurídico. La norma suprema es la que establece cómo se deben crear todas las normas jurídicas del sistema. Para que estas puedan ser vigentes y válidas, deben contener otro requisito también previsto por la Constitución: señalar cuál es el órgano competente para expedirlas. Al ser la Constitución la norma fundante, se encuentra en la cúspide del sistema jurídico. De la norma fundamente emana la validez de todo acto jurídico y, por consecuencia, existe una adecuación connatural —formalmente hablando— de dichos actos hacia ella, ya que estos se encuentran vigentes como consecuencia de los principios de validez antes mencionados pues, de lo contrario, cualquier norma jurídica que no cumpla con las formalidades previstas a nivel constitucional para su creación será considerada como inválida. Por ende, la adecuación de los actos a la Constitución, es decir, su constitucionalidad, dependerá únicamente del cumplimiento de los procesos formales de creación normativa, pero no de la observancia de contener y respetar principios y derechos fundamentales, o de cualquier otro tipo de contenido material.[4]

POST 3

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los juicios de control de constitucionalidad previstos en la Constitución federal, y se encuentra en su artículo 105, fracción II.

El objetivo de los juicios de control de constitucionalidad es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, en concreto, sirven para reclamar la inconstitucionalidad de una norma general. El tipo de control constitucional que se ejerce mediante este juicio suele llamarse “control abstracto”, pues no es necesario probar que la norma reclamada ha producido un daño específico, sino que basta argumentar hipotéticamente y de manera abstracta cuál es la afectación que su vigencia provoca a uno o más artículos de la Constitución federal.

Este juicio se tramita únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los 30 días naturales posteriores al de la publicación de la norma que busca reclamarse, y puede ser iniciado por un número cerrado de actores gubernamentales previstos en la fracción II, del artículo 105 de la Constitución. Lo anterior quiere decir que las acciones de inconstitucionalidad no están disponibles para los ciudadanos, sino que funcionan como un mecanismo de control entre los poderes del estado. 

El estudio que la Suprema Corte lleva a cabo en este juicio es el de contrastar la norma impugnada con los artículos constitucionales que potencialmente puede violar. Si la Suprema Corte determina que la norma impugnada efectivamente afecta algún artículo constitucional por una mayoría de al menos ocho votos, dicha norma se invalida; es decir, es eliminada del ordenamiento jurídico, y pierde validez. Deja de existir. Cuando no se alcance la mencionada mayoría calificada en la votación, el asunto será desechado, y la norma impugnada permanecerá dentro del sistema jurídico.[5]

POST 4

EJEMPLO DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010. MATRIMONIO IGUALITARIO.

PROMOVENTE: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de agosto de dos mil diez.

Vo. Bo. V I S T O S; Y R E S U L T A N D O: Cotejó: 1.

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil diez, en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Chávez Chávez, en su carácter de Procurador General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan: “I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada — a) Autoridad emisora: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, — II. Norma general cuya invalidez se reclama — Se demanda la declaración de invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 29 de diciembre de 2009, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio.”

2. SEGUNDO.- Los argumentos y conceptos de invalidez que se hacen valer son, en resumen, los siguientes: I. Estudio preliminar a) Concepción contemporánea de familia, a la luz de la reforma al artículo 4° constitucional, de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

b) Aspectos jurídicos del matrimonio

II. Conceptos de invalidez

a) Violación de los artículos 146 y 391, contenidos en el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, al artículo 16 de la Constitución Federal.

(i) Sobre la falta de motivación en la reforma a la nueva definición que otorga a la institución jurídica del matrimonio.

  • El derecho fundamental al matrimonio y a fundar una familia, no puede vedarse por cuestiones de raza, nacionalidad o religión.

(ii) Sobre la falta de motivación del artículo 146, en relación con el diverso 391, que permite el acceso de los cónyuges y concubinos del mismo sexo a la figura jurídica de la adopción.

b) Violación del artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, al artículo 4°, primer párrafo, de la Constitución Federal.

c) Violación del artículo 391, en relación con el diverso 146, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, a los artículos 1° y 4°, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal.

(i) Naturaleza jurídica de la adopción.

(ii) Principio constitucional del interés superior del menor y su relación con la adopción.

(iii) Interés superior del menor tutelado en instrumentos internacionales.

(iv) Interés superior del menor, de acuerdo con los criterios judiciales federales.

d) Violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, por parte de los artículos que se impugnan de la legislación civil del Distrito Federal.

e) Violación al artículo 133 de la Constitución Federal.

Dadas las votaciones mayoritarias alcanzadas en los temas que se abordaron, el Señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que la acción de inconstitucionalidad se resolvió en los términos propuestos. En la sesión privada extraordinaria celebrada el cinco de octubre de dos mil diez, por unanimidad de nueve votos de los Señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia, se aprobó en sus términos el texto del engrose de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, por el propio Pleno, en su sesión pública del pasado dieciséis de agosto de dos mil diez, en el sentido de reconocer la validez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal.[6]

BIBLIOGRAFÍA

[1]        M. Figuerero, «El Yo Acuso Argentino: Capítulo 530 – Diferencia entre las categorías de supremacía y primacía, en los tratados internacionales.», El Yo Acuso Argentino, 21-ago-2012. .

[2]        «Justia México :: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos > TÍTULO SÉPTIMO :: Ley de Mexico». [En línea]. Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-septimo/#articulo-133. [Accedido: 10-nov-2019].

[3]        «Primacía de la Constitución federal – Blog de Derecho-Costitucional». [En línea]. Disponible en: http://derecho-costitucional.blogspot.es/1505926998/primacia-de-la-constitucion-federal/. [Accedido: 10-nov-2019].

[4]        Gerard Rv, «supremacia-y-primacia», 10:59:28 UTC.

[5]        «¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?», El Juego de la Suprema Corte. [En línea]. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2860. [Accedido: 08-nov-2019].

[6]        L. G. Velasco, «ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010. PROMOVENTE: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.», p. 331.

PRIMACÍA Y SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR ENCIMA DE LAS CONSTITUCIONALES ESTATALES POR SAMANTHA GONZÁLEZ ALUMNA DE DERECHO

Antecedentes

Constitución Federal de 1824.

En la historia de nuestro constitucionalismo mexicano, podemos advertir que en la Constitución Federal de 1824, además de no preverse los derechos fundamentales, no se contempló expresamente la Supremacía de la Constitución ni de las leyes que de ella emanaran.

Sin embargo, en su Título VIII, sección única, relativo a la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva, se desprende de su articulado que comprende del 163 al 171, que la Constitución era considerada el cuerpo legal más importante de la naciente nación mexicana, al disponer que todo funcionario antes de tomar posesión de su destino, debía prestar juramento de guardar la Constitución y el acta constitutiva, cuyo quebrantamiento producía responsabilidad en términos de las leyes y decretos que el Congreso emitiera.

Las Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836.

En éstas tampoco se contemplaron en forma expresa la Supremacía de la Constitución, pero sí se previó un control de la misma diverso al de la Constitución anterior, en su artículo 1, estableció un Supremo Poder Conservador, depositado en cinco individuos, cuyas atribuciones, entre otras, según el artículo 12, fracciones I, II y III, eran: declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses después de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución y le exijan dicha declaración el Supremo Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia o cuando menos 18 miembros del Poder Legislativo.

Constitución Política de la República Mexicana de 1857.

Por primera vez, en su artículo 126 se estableció expresamente el principio de Supremacía constitucional, en los siguientes términos:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”.

Según el artículo 101 constitucional, el control constitucional se depositó en los tribunales de la federación, al disponer que resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales; por leyes o actos de autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y por leyes o actos de las autoridades estatales que invadan la esfera de la autoridad federal[1].

La Constitución de 1917.

Nuestra Carta Magna vigente, al igual que en la de 1857, dispone en su artículo 133 el principio de Supremacía constitucional, en cuya primigenia redacción dispuso lo siguiente:

“Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”.

Esta disposición constitucional ha sido reformada una sola vez por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de enero de 1934, cuyo texto está establecido en los términos siguientes:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Interpretación Judicial.

El Poder Judicial de la Federación, ha interpretado el artículo 133 constitucional de diversas formas:

Ha considerado a la Supremacía de la Constitución como un derecho público individual[2].

Posteriormente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 80/2004[3], sostuvo que en el artículo 133 constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de Supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales.

Que independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere la Carta Magna Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Constitución Federal.

De manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente

De esa interpretación del Alto Tribunal de nuestro país se extraen los principios de Primacía y Supremacía de la Constitución Federal.

Acciones de inconstitucionalidad.

Es un medio de control de la constitucionalidad y tiene su sustento en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para garantizar el respeto de la Primacía y Supremacía de nuestra Ley Fundamental, solo puede plantearse respecto de normas generales (leyes federales, locales, municipales, constituciones de los Estados y leyes electorales tanto federales como locales)[4].

En la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental.

La acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma.

En la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma que se contrapone con el texto fundamental.

En la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas, incluso las electorales.

En la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros[5].

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Las acciones de inconstitucionalidad son uno de los juicios de control de constitucionalidad[6] previstos en la Constitución federal, y se encuentra en su artículo 105, fracción II.

El objetivo de los juicios de control de constitucionalidad es justamente revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad, en concreto, sirven para reclamar la inconstitucionalidad de una norma general.

El tipo de control constitucional que se ejerce mediante este juicio suele llamarse “control abstracto”, pues no es necesario probar que la norma reclamada ha producido un daño específico, sino que basta argumentar hipotéticamente y de manera abstracta cuál es la afectación que su vigencia provoca a uno o más artículos de la Constitución federal.

Este juicio se tramita únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los 30 días naturales posteriores al de la publicación de la norma que busca reclamarse, y puede ser iniciado por un número cerrado de actores gubernamentales previstos en la fracción II, del artículo 105 de la Constitución.

Lo anterior quiere decir que las acciones de inconstitucionalidad no están disponibles para los ciudadanos, sino que funcionan como un mecanismo de control entre los poderes del estado.

El estudio que la Suprema Corte lleva a cabo en este juicio es el de contrastar la norma impugnada con los artículos constitucionales que potencialmente puede violar.

Si la Suprema Corte determina que la norma impugnada efectivamente afecta algún artículo constitucional por una mayoría de al menos ocho votos, dicha norma se invalida; es decir, es eliminada del ordenamiento jurídico, y pierde validez. Deja de existir.

Cuando no se alcance la mencionada mayoría calificada en la votación, el asunto será desechado, y la norma impugnada permanecerá dentro del sistema jurídico[7].

Acción de inconstitucionalidad 2/2010.

En México han existido muchas acciones de inconstitucionalidad, entre las más relevantes nos enfocaremos en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 promovida por el entonces denominado Procurador General de la República, cuyo proyecto de resolución correspondió al entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio A. Valls Hernández[8].

En dicha acción de inconstitucionalidad se solicitó la invalidez de la reforma a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 29 de diciembre de 2009, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el jefe de Gobierno de esa misma entidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los planteamientos de invalidez, en los que el Procurador alegaba que los artículos 146 y 391, del Código Civil para el Distrito Federal al redefinir el concepto del matrimonio, al incluir tanto a la unión de parejas heterosexuales como a las formadas por personas del mismo sexo, lo que viola el contenido del artículo 4 constitucional.

Al respecto, el Tribunal Pleno estimó que el artículo 4 constitucional no alude a la institución civil del matrimonio, tampoco la define, lo cual está reservado al legislador ordinario, quien sí puede definir ese concepto jurídico del matrimonio.

Puntualizó que la Constitución Federal no prevé un modelo único de familia ideal, o que esta tenga origen o base en el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo sostuvo el Procurador.

Que el artículo 4º tutela a la familia como tal, sin informar la forma en cómo se constituya, ya que la familia es la base, la célula de toda sociedad.

Que el legislador ordinario debe proteger la institución de la familia, sin importar la forma en cómo se constituya, sea de un matrimonio heterosexual o de uno formado entre parejas del mismo sexo.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que resultaba procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad en comento; por lo que reconoció la validez de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal[9].

En conclusión se estima que la resolución adoptada por el Máximo Tribual de nuestro país fue acertada y justificad en los principios fundamentales que nuestra Carta Magna reconoce, en la medida de que abrió la puerta para que el legislador ordinario pueda válidamente prever en los ordenamientos civiles locales la institución formal del matrimonio, no solo entre parejas heterosexuales, sino que dicho acto jurídico solemne que es el matrimonio, válidamente se pueda realizar entre parejas del mismo sexo, lo cual refleja un avance importante en materia de derechos humanos, al reconocimiento de derecho fundamental de igualdad y la prohibición absoluta de la discriminación, reconocidos en el artículo 1º Constitucional.


[1] http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lx/supcons_ctlrcr.pdf

[2] CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA DE LA. ES UN DERECHO PÚBLICO INDIVIDUAL. Fuentes y evolución de este derecho, [Tesis], Séptima Época, Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Parte III del Informe de 1970. Asimismo, puede consultarse con el registro 807,296

[3] SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 180240.

[4] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/51297_pd_0.pdf

[5] Tesis: P./J. 71/2000, Jurisprudencia(Constitucional). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro 191381.

[6] Nuestro sistema jurídico prevé tres tipos de control de constitucionalidad. Los otros dos son el amparo (artículos 103 y 107 de la Constitución federal) y la controversia constitucional (artículo 105, fracción I de la Constitución federal).

[7] https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2860

[8] https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22553&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=161270

[9] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3580/6.pdf